Becas de justicia

Las nuevas ayudas para los estudios medios y superiores contribuyen a reactivar el renqueante ascensor social

La aprobación en Consejo de Ministros de un potente plan de becas supone un compromiso con políticas educativas que la socialdemocracia descuidó durante demasiado tiempo y debería servir para empezar a reparar un ascensor social que ha sido crucial en la historia reciente de España. El acceso a la educación media y superior en condiciones más favorables para familias sin recursos fue y sigue siendo uno de los medios esenciales para mitigar la desigualdad social de nacimiento. No son muchos los mecanismos eficaces para corregirla porque los lazos invisibles de clase, los contactos y la red de amistades siguen existiendo como ventajas frente a los méritos intelectuales y profesionales. Pero sin una potente preparación académica tampoco hay vía de acceso a empleos mejor retribuidos y de mayor proyección social.

El presupuesto para 2023 prevé una partida inédita en la historia de la democracia —de la anterior etapa mejor no hablar—, y se eleva desde los 1.463.649 de 2017 hasta los 2.520 millones de euros actuales destinados a financiar un plan indispensable. El gradual incremento de las ayudas a la enseñanza contrasta con políticas como la de la Comunidad de Madrid, de apuesta clara por los centros concertados y por becar a familias de altísimos ingresos anuales (por encima de 100.000 euros). Según los cálculos del ministerio, los beneficiarios finales del nuevo plan de becas son en torno a un millón de estudiantes: los no universitarios obtendrían unos 1.700 euros anuales de media mientras que los alumnos becados de enseñanza superior alcanzarían en torno a los 3.100 euros.

El objetivo del plan es también ayudar a financiar la distancia entre el lugar de residencia y el centro de estudios a través de becas concebidas fundamentalmente para facilitar el acceso sobre todo a los centros universitarios de estudiantes nacidos en la España rural. De los 1.600 euros actuales la ayuda pasará a casi el doble, 2.500, para un colectivo que puede llegar a sumar unos 125.000 jóvenes. El aumento de las matrículas universitarias en los años de la crisis dejó fuera de esos estudios a buena parte de un alumnado que tuvo que cambiar de planes y buscar empleo para equilibrar el presupuesto familiar, y eso explica también la reciente rebaja de las tasas universitarias y el bloqueo que impuso por ley el ministro Joan Subirats para impedir un eventual aumento en el futuro.

Creer en el mecanismo corrector de las desigualdades sociales que son las becas no significa bendecir una concepción misericordiosa y caritativa del Estado sino dotar a una mayoría de la población sin recursos, herencia ni patrimonio de mecanismos que permitan revertir un futuro condicionado por la pobreza, las dificultades económicas o la ausencia de precedentes familiares con estudios universitarios. Buena parte de las profesiones liberales, los arquitectos, los médicos, los abogados, los periodistas o los catedráticos de universidad en activo en este siglo XXI fueron beneficiarios de un sistema de becas que cambió el rumbo vital de centenares de miles de estudiantes sin otra vía de acceso a los estudios superiores que los presupuestos del Estado. El ideal de un coste cero para la universidad pública está lejos todavía e incluso es cuestionable, pero el apoyo directo a las familias que significa este incremento histórico busca compensar la erosión del nivel de vida que la gran mayoría de la población ha experimentado tras sobreponerse a dos crisis encadenadas —la Gran Recesión y la pandemia— y sobrellevar todavía hoy la actual.